EL FONDO TRANSITORIO DE EMERGENCIA SALARIAL
(Abril 2010)
A LA CIUDADANÍA Y A LOS TRABAJADORES:
· LOS SOCIALISTAS NEGAMOS ROTUNDAMENTE QUE LOS SENADORES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA HAYAN GENERADO 1.400 MILLONES DE PESOS PARA QUE EL ESTADO PROVINCIAL HAGA FRENTE A LOS RECLAMOS SALARIALES DE SUS FUNCIONARIOS.
· ESA PRETENSIÓN NO TIENE ASIDERO ALGUNO. ES UN ACTO DE MAGIA FINANCIERA.
· NINGÚN CIUDADANO O EMPLEADO PÚBLICO DEBE CAER EN LA TRAMPA DE INFORMACIONES INEXACTAS.
Expliquemos los componentes de ese impresentable fondo salarial. El primer componente es una suma de $500 millones que ya figuraba en el presupuesto provincial 2010 como una autorización al Ejecutivo para gastar en distintos conceptos (gastos corrientes o de inversión).
Pero esa autorización no es necesariamente una disponibilidad de recursos para gastar. Para que entendamos este punto: una familia puede incluir la compra de un televisor en su presupuesto anual; pero el televisor no entra a la casa hasta que la familia no disponga del dinero.
Esos $500 millones están respaldados en el presupuesto por una deuda del Gobierno Nacional con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Por ejemplo, si esa deuda no se pagase, aquella cifra no estaría disponible para la Tesorería provincial. Por tanto, esa autorización del Senado justicialista es un acto de magia financiera y, como es magia, debe deducirse de aquella millonaria cifra para que sepamos cuántos son los recursos genuinamente nuevos dibujados por los señores senadores.
Veamos entonces los otros componentes.
Un segundo componente aportado por el Senado justicialista es autorizar operaciones de crédito hasta por 30 meses por una suma de $250 millones para pagar los aumentos de las remuneraciones públicas. ¿Quiénes serían los acreedores del Estado santafesino?: inversores privados o algún banco. ¿Estarán de acuerdo los ciudadanos santafesinos en asumir una deuda con el sector privado cuyos intereses y cuotas tendrán que atender con sus impuestos o con menores servicios del Estado? El endeudamiento con el único propósito de pagar mayores salarios públicos es una mala política de distribución del ingreso.
Los dos componentes anteriores son conceptualmente desechables. No se trata de recursos genuinos. Entre ambos suman $750 millones. Nos queda todavía por entender $650 millones para alcanzar la cifra mágica de $1.400 millones.
La calculadora de los senadores incluyó un tercer componente: una regularización impositiva que produciría un ingreso de recursos nuevos por 80-100 millones de pesos. Se sobreentiende que esta regularización afectará a empresarios ya gravados de comercio y servicios pero quedarán afuera los empresarios exentos de la industria y la construcción con los cuáles los gobiernos justicialistas han forjado una alianza de fuertes vínculos.
Es tan fuerte esa alianza que, apenas producida la sanción del fondo salarial, una legisladora justicialista (más bien, reutemannista) escribió sobre el “triunfo de la razón que evitó gravar nuevamente los ya castigados bolsillos de los santafesinos”. La Federación Industrial de Santa Fe, se manifestó conforme con la aprobación del fondo salarial en la provincia: “es mejor que la otra opción”, sostuvo FISFE, refiriéndose a la propuesta de los legisladores del Frente Progresista de gravar los ingresos brutos de la industria y la construcción.
Esa alianza entre justicialistas e industriales viene desde muy atrás: cuando Juan Carlos Mercier era ministro provincial de la dictadura militar inspiró una ley que eximía de todos los impuestos provinciales a las nuevas inversiones en la industria. Esa equivocada concepción de desarrollo económico se transformó en ideología en los sucesivos gobiernos peronistas que tuvieron al actual senador como ministro o gurú de la economía provincial. Hoy día es tan fuerte aquella alianza que hasta parece un pacto político de sangre.
Una vez deducida la moratoria, resta por explicar $550 millones de pesos.
Un cuarto componente del fondo salarial es $450 millones de pesos que provendrían de excedentes sobre las proyecciones de ingresos del presupuesto provincial. La fantasía de los senadores, según el texto de la ley, es que la Presidenta de la Nación no vetará la coparticipación de la ley de cheque en la eventualidad que fuese aprobada por el Senado de la Nación, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallará de inmediato a favor de Santa Fe por los recursos indebidamente retenidos por la nación para financiar la superavitaria ANSES.
¿Qué queda entonces de esos 450 millones de pesos? Es factible que ingresen mayores recursos tributarios nacionales que los calculados en el presupuesto provincial 2010 porque datos recientes sugieren que la economía nacional crecerá más rápido y que la inflación será más elevada. ¿Pero cuántos millones más podrán ingresar a la Tesorería Provincial por esas razones sin incurrir en fantasías?
Sólo la realidad en los próximos meses permitirá proyectar con más justeza cuánto crecerán los recursos provinciales, pero en estos momentos, abril 2010, no corresponde exagerar cantidad ni calidad.
Por un lado, difícilmente el crecimiento argentino en 2010 alcanzará los niveles pasados porque los sistemas económicos no crecen a saltos. La economía nacional viene de un crecimiento 2009 negativo (según economistas) o nulo (según cifras del INDEC nacional).
Que la inflación resulte más alta no es una buena noticia para los santafesinos porque aumentará los costos de funcionamiento del Estado santafesino aunque aumenten sus ingresos.
En síntesis, los senadores y diputados justicialistas hicieron cálculos alegres pero imprudentes de la recaudación tributaria nacional y de la coparticipación que corresponde a la provincia.
En definitiva, si la suma de los recursos genuinos está lejos de acercarse a los $1.400 millones, ¿qué pretenden los senadores del PJ? El quinto componente es la respuesta principal: que el Gobierno provincial proceda a una economía de los gastos públicos exceptuando las remuneraciones de sus empleados. ¡Pero tampoco pueden reducirse, a manera de ejemplo, las transferencias a municipios y comunas, ni las jubilaciones (como hicieron los justicialistas tiempo atrás), ni los alquileres por edificios donde funcionan organismos públicos, ni los intereses por deudas del Estado!
¿Cuáles serían esos otros gastos?: gastos operativos que los servidores públicos necesitan para trabajar (papel, electricidad, comunicaciones, gastos de operación y mantenimiento de la flota de automotores, y otros semejantes). Las economías en gastos operativos dejan muy poco margen para economías importantes.
¿Qué otra cosa quedaría por podar en el presupuesto provincial? ¡He aquí la madre del borrego! Habría que podar los gastos sociales: construcción y ampliación de escuelas, centros de salud y hospitales; adquisición de vehículos, comunicaciones y armas para seguridad, reforma del sistema judicial, y otros gastos semejantes.
Una muestra de la inseguridad de los legisladores justicialistas en sus propios cálculos quedó expuesta: la ley de creación del Fondo Salarial prevé que si éste no se constituyese en tiempo y en las cantidades requeridas, dos cláusulas de garantía entrarían en operación. Una de ellas, es autorizar al Ejecutivo a usar el 100% de las disponibilidades de caja de organismos públicos distintos a la administración central para facilitar el flujo de pagos de los aumentos salariales. Estos recursos, una vez usados, deben devolverse a sus titulares; por tanto, el alivio es transitorio.
Más importante es la segunda garantía que obliga a la elaboración de un dictamen en junio próximo sobre las circunstancias que no hubiesen permitido constituir ese Fondo Salarial. Como el dictamen seguramente pondrá en evidencia que el juicio del Senado fue incorrecto, se abren las siguientes posibilidades lógicas:
1. Las paritarias podrían reunirse otra vez a mediados de año para revisar a la baja los acuerdos de aumentos salariales alcanzados en marzo recién pasado. Esta alternativa no parece posible. Los gremios difícilmente trasmitirán a sus bases y a la ciudadanía santafesina que sus demandas salariales estuvieron por encima de las posibilidades financieras de la provincia.
2. El Senado podría exigir al Gobierno provincial que profundice las economías en el gasto hasta el límite de inversiones sociales prioritarias mínimas. Es difícil para los gremios de empleados públicos sostener ante la ciudadanía que, en caso de imposibilidades financieras, los recursos de la Provincia y el endeudamiento son para atender los mayores salarios al costo de provocar disminuciones en la inversión pública santafesina.
3. El Ejecutivo podría insistir por cuarta vez con una aplicación de ingresos brutos a industria y construcción, esta vez con el acompañamiento de los gremios públicos y de la ciudadanía santafesina.
En síntesis, para no gravar a 90 grandes empresas industriales y a los beneficiados por el boom de la construcción, como pretendían los legisladores del Frente Progresista, los legisladores justicialistas no tienen reparos en provocar una reducción de inversiones que demorará la mejora de la calidad de vida de muchos santafesinos.
Compañeros y amigos:
